Ciudad del Plata es un caos urbanístico. Todo comenzó hace medio siglo, cuando se iniciaron los fraccionamientos en la zona y de la mano con sucesivas crisis económicas, su explosiva expansión, la transformó en una ciudad que reúne a unos 40.000 habitantes. Carencias de todo tipo, se potencian con la falta de planificación en su expansión. El Estado estuvo ausente en todo este proceso y ahora, cualquier mejora que se pretenda aplicar lleva a un esfuerzo mayor. Así por ejemplo, la Intendencia debe replanificar la colocación de contenedores para residuos, porque la mayoría de las calles hacen imposible contar con este servicio. Otro ejemplo, en este caso potestad del gobierno nacional, es lo relativo al fundamental servicio de saneamiento, que demandará una inversión millonaria y compleja, que podría dejar fuera algunas zonas por las características del terreno.
Pero a todo este caos urbanístico, se le suma que Uruguay presenta un déficit habitacional severo y que Ciudad del Plata, es “casi” un barrio más de la capital nacional. Esta ubicación ha sido determinante para su explosivo crecimiento. La combinación de todos estos factores, fueron un escenario ideal para que algunos avivados hicieran de la suyas. La venta de terrenos se transformó en un gran negocio; sin control y sin considerar la básica normativa al respecto, aprovechándose y abusando de la necesidad de muchas familias de consolidar una solución de afincamiento. Agentes inmobiliarios y escribanos, están en el centro de las acusaciones. Han fraccionado terrenos “a ojo”, los han vendido en módicas cuotas, con condiciones que fortalecían la posibilidad de recuperarlos y volver a venderlos. En concreto, este problema que se viene arrastrando desde hace años, ha llegado a un punto tal que ahora son decenas de familias que unen esfuerzos para desenmascarar a los estafadores, o por lo menos evitar cláusulas abusivas que fácilmente los despojan de sus tierras. Hay de todo. Aquí algunos ejemplos. Familias que completaron las pagos y no han podido acceder a los títulos de propiedad. Otras que tras atrasarse en algunas cuotas, descubrieron que su terreno había sido vendido a otra familia; en relación a este caso la familia que compró un terreno y descubre que otra familia reclama su titularidad. También, dentro de toda esa desprolijidad, familias que aún sin pagar el total de lo comprometido, vendieron directamente a otra familia el terreno; pero el “nuevo dueño” no es reconocido por el agente inmobiliario que supuestamente detenta la propiedad del terreno. Muchas son transacciones irregulares desde su origen, lo que impide la futura regularización. Hay casos de tierras estatales que se han vendido por parte de privados. Inmobiliarias truchas y escribanías truchas, en el medio de la polémica.
En los últimos meses, la preocupante situación de familias que se sienten estafadas, ha provocado la movilización en procura de soluciones definitivas. El grupo “Rebeldía Organizada”, impulsó la movilización de vecinos; inclusive se logró que una comisión parlamentaria visitara la zona recientemente y se pusiera en contacto con vecinos damnificados. La Intendencia tampoco ha estado ajena, al igual que el Ministerio de Vivienda. La magnitud del problema, llevó a que estos ambientes estatales coordinaran acciones para atender a las familias estafadas. Al menos ya hay una treintena de casos en conocimiento de las autoridades y se dispondrá de asesoramiento jurídico para aquellas familias que tengan dudas o pretendan sumar sus denuncias. Pero además, ya hay casos que presentan notorias irregularidades, por lo que la Intendencia y el Ministerio vienen preparando las denuncias penales para que se determinen las responsabilidades. La intervención de los ambientes estatales llega en un momento donde los ánimos estaban caldeados, hace pocas semanas, en una concentración de vecinos damnificados hubo momentos de tensión cuando uno de estos agentes sospechados de “estafador”, se presentó ante el grupo, en claro afán amedrentador. También se inició una campaña que identifica los terrenos que manejan estos agentes inmobiliarios, denunciándolos con cartelería que advierten a incautos compradores.
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