Hace algunos días en Visión Ciudadana se informaba que la Junta Departamental se aprestaba a enviar a la Justicia el trabajo de la Comisión Investigadora sobre las irregularidades constatadas en el tratamiento que la Intendencia dio a la millonaria deuda que mantenía la empresa fúnebre del diputado Ruben Baciglupe. Tal información ahora ya fue confirmada por los medios de comunicación, pero siempre hay una dato extra que causa sorpresa y asombro.
Ayer en la mañana circularon versiones periodísticas que señalaban que la sesión extraordinaria donde se recibirían los informes de la Investigadora, tendría carácter de “secreta”. Una chicana más del oficialismo para evitar una mayor exposición pública del triste desempeño de la Administración de José Luis Falero, en los privilegios brindados a la millonaria deuda de Bacigalupe. Ha sido notoria la marcada obsecuencia de los ediles de distintos partidos a las posturas del falerismo; los ediles han mostrado una acentuada docilidad a las chicanas y demoras en el proceso de investigación que empezó a finales del año 2017 y todavía no se cierra. Ahora , ya en el último tramo de este proceso que pretende esclarecer las responsabilidades, se pretende que la sesión extraordinaria fuera “secreta”.
La falta de capacidad de los ediles, solo se compara a la facilidad que ha tenido el falerismo en llevarlo a los ponchazos. En las últimas horas, al consultar por el impulsor de ese secretismo, la situación se fue reencausando. Al consultar al presidente de la Comisión Investigadora, Manuel Larrea, sobre quién había propuesto que la sesión fuera “secreta”, la respuesta fue “desde el propio Frente Amplio y Alianza Nacional, que interpretó que las conclusiones deben agregarse en sesión secreta” inclusive que era una cuestión reglamentaria. Minutos después el propio Larrea señalaba que en el reglamento no está estipulado tal secretismo.
Por otras parte, otras fuentes, indicaron que al parecer habría sido por “asesoramiento” de funcionarios de la Junta, que se decidió rotularla como “secreta”. En una catarata de contactos, se trató de aliviar la situación y señalaron que la parte “secreta” sería de apenas unos minutos y que inmediatamente todo el material quedaría liberado a la prensa y los miembros de la Comisión Investigadora,a sí como todos los ediles en general, ya no tendría que atenerse al secreto impuesto.
Los ediles deben tener en claro que no hay posibilidades de temas “secretos” en la Junta; por más que el reglamento lo permita, las leyes vigentes determina con mucha claridad los casos excepcionales donde se puede marcar la reserva o el secreto. Esos casos excepcionales refieren a cuestiones de seguridad nacional, de relacionamiento internacional y hasta por cuestiones de competencia que pudieran afectar negociaciones del gobierno. Es decir el caso doméstico de la empresa de Bacigalupe y la Intendencia no encuadra para nada. Pero además, si este país tiene una Ley de Acceso a la Información Pública, no puede el Reglamento de la Junta de San José estar por encima de la normativa nacional. En realidad los ediles muchas veces apelan a argumentos de secretismo, sin tener sustento real alguno.
Ojala que en esta oportunidad, los ediles aprendan que cuanto más delicado es un caso investigado más importante debe ser la transparencia en sus detalles con la opinión pública. En este tipo de casos que ponen en seria duda la honorabilidad de algunos actores políticos, mayor celos debe existir en que todo sea límpido, transparente y sin escondrijos. Da la sensación de que si nadie hubiese pataleado por esto de “sesión secreta”, las mezquindades habrían logrado su objetivo de mantener en las sombras las constataciones oficiales.
Muy probablemente, estas estructuras soberbias, mantengan su postura de hacer “secreta” esta sesión, aunque solos ea por cinco minutos. Es lamentable que en una democracia, haya ediles que toleren imponer el secreto así sea durante diez segundos en un tema tan delicado. La vergüenza será suya, por que la información con lujo de detalles saldrá a la luz pública.
Además ya ocurrió, hace meses se filtró información y documentación que manejaba la Comisión Investigadora. El libro “patas cortas” dedica varios capítulos a las irregularidades que se detectan tan en la documentación como en las declaraciones brindadas en el seno de la Investigación. Es curioso que algunos actores políticos relativizaban públicamente los avances de la Investigación. Afortunadamente, el material se filtró, salió publicado en un libro y se empezaron a desmoronar los argumentos que minimizaban las irregularidades. Si la documentación y las declaraciones no se hubiesen filtrado, difícilmente se hubiese logrado avanzar hacia el envío a la Justicia de estas irregularidades. El discurso de “no pasó nada” hubiese sido la versión oficial, única y potente, permitiendo fortalecer aquella versión que explicaba este escándalo con motivaciones políticas. Ahora se sabe que se encontraron elementos serios que comprometen no solo al diputado Ruben Bacigalupe sino al jefe de la administración, José Luis Falero.
Inclusive en la interna de la Comisión, hubo episodios muy llamativos, por ejemplo cuando el edil frenteamplista Pablo García advirtió que propondría la formación de otra comisión investigadora pero en este caso para averiguar como se había filtrado información a la prensa. Es muy raro que alguien se preocupe más en saber cómo se filtró la información , en vez de centrar su labor en las irregularidades constatadas. Un disparate que lo único que fortalece son las suspicacias.
El secreto y la cultura del secretismo, debe ser algo a combatir en todos y cada uno de los ambientes públicos. Asimismo los defensores de los secretos y del secretismo, deben ser evaluados seriamente por la población. La opinión pública debe ser extremadamente cáustica tanto con los corruptos como con quienes defienden o proponen el secreto.
En este caso del especial relacionamiento de la Intendencia de Falero con la empresa de Bacigalupe, muchos trapitos irán quedando al sol, confirmando que efectivamente hubo no solo un trato privilegiado hacia el legislador, sino que directamente hubo diferenciaciones que perjudicaron a otras empresas del mismo rubro.
Por el momento ya se lanzó la convocatoria para la sesión extraordinaria (sin secretos) a las 21:30 horas del próximo lunes 6 de mayo. Tal como se adelantó habrá dos informes de la Comisión Investigadora. Uno de ellos que será presentado en mayoría por el Frente Amplio y Alianza Nacional. Este informe recomienda que las actuaciones sean derivadas a la Justicia Penal y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. El segundo informe, en minoría, será presentado por el falerismo y propone que el tema sea pasado solamente a la Jutep. Cabe recordar que hace unos meses atrás la postura era que no había nada malo, pero a la luz de la difusión de la documentación y declaraciones, se produjeron los cambios, admitiendo que efectivamente hubo situaciones irregulares.
La semana próxima será muy interesante, conocer la repercusión en medios de comunicación sobre la delicada situación que atraviesa la administración Falero. Para algunos, será la confirmación oficial, para otros la reafirmación de datos que ya se habían filtrado y que inclusive fueron publicada en un libro presentado el año pasado.
