En los meses finales del año 2014, la Junta Departamental decidió presentar denuncia penal por las irregularidades constatadas en la forma en que su usaron y administraron los dineros públicos bajo la presidencia de Nelson Petre (lista 50) y principalmente bajo la Secretaría General de Alexis Bonahon, cargo de confianza propuesto por el Intendente José Luis Falero. El agotamiento de los dineros dispuestos para los rubros de colaboraciones o donaciones, llamaron la atención, pero cuando se empezó a indagar con mayor profundidad, las desprolijidades e irregularidades detectadas, determinaron que una Comisión Investigadora recomendará hacer la denuncia. La investigación a nivel judicial se centró en Petre y Bonahon, pero tanto el diputado Ruben Bacigalupe, como el Intendente José Luis Falero han tenido que responder preguntas sobre el caso. Algunos actores políticos, convenientemente, repiten que “no va a pasar nada” con este caso, pero en verdad, han estado pasando cosas, siguen pasando, e indudablemente pasarán. Puede confundir la aparente lentitud en tomar definiciones judiciales, pero en realidad las velocidades que siempre ha mostrado el sistema judicial y algunas situaciones puntuales, explican que tres años después de iniciada la investigación judicial, no han llegado las resoluciones. Cabe mencionar que este tiempo no solamente se produjo el traslado de fiscales, sino también de jueces, además de prestar atención a la puesta en funcionamiento del nuevo sistema mediante el cambio del Código del Proceso. Esos son los factores externos al caso que han provocado un natural enlentecimiento, pues cada nuevo fiscal o juez que entra en acción debe interiorizarse de los detalles del caso. Por otra parte el sistema judicial ha debido zambullirse en la normativa bajo la que funciona el mundo administrativo y jerárquico de los legislativos.
Teniendo en cuenta la complejidad de este contexto, el caso de las irregularidades en el manejo de los dineros de la Junta Departamental ha tenido un avance firme que se encamina lejos de quedar en archivo y apunta a marcar responsabilidades de algunos actores implicados. Para explicar esta última afirmación se debe considerar que ya en las actas de la Comisión Investigadora se admiten delitos. Por ejemplo, uno de los casos más claros es cuando Bonahon admitió que donó pelotas al club River y para evitar que la Junta pagara IVA, presentó facturas de combustible para justificar el gasto. Así en estos tres años, una veintena de personas han prestado declaraciones ante la justicia; en algunos casos han tenido que ir más de una vez. Ediles, funcionarios de la Junta, funcionarios de la Intendencia, comerciantes, periodistas, técnicos de diferentes ambientes públicos y, como ya se mencionó, el diputado Bacigalupe y el Intendente Falero también han tenido que responder preguntas. Ha pasado mucho y el caso ha tenido derivaciones que ya no solo se circunscriben al mundillo de la Junta, sino que llegan hasta la Intendencia.
Según pudo confirmar sj.uy en los últimos días se han dado más avances en este escandaloso caso que involucra a figuras principales del departamento. Por ejemplo el ex contador general de la Intendencia Linder Reyes, fue citado para conocer su visión sobre aspectos técnicos (administrativos y contables). Reyes tiene una trayectoria fuertemente reconocida y valorada por todo el ambiente político, dentro y fuera del departamento. Su comparecencia fue solicitada por la fiscalía para profundizar en el manejo de las “donaciones” de la Junta, así como en su momento fueron citados técnicos del Tribunal de Cuentas y del propio equipo de Hacienda de la Intendencia. Pero una de las últimas actuaciones de la fiscal actuante, agregó un elemento muy significativo y de alta actualidad. En estos días se remitió el material judicial sobre la actuación de los funcionarios implicados en estas irregularidades a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). La Jutep tiene como misión “propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción,(…)”. También tiene como función institucional “actuar como perito auxiliar, a solicitud de la justicia penal, en los delitos contra la economía o la hacienda pública y desempeñarse como organismo asesor de la administración en lo que se refiere a las normas de conducta del funcionario público”. Con la Jutep analizando la situación, el panorama pinta feo, muy feo, tanto para Petre como Bonahon, por lo menos, aunque podría salpicar a otros funcionarios. La Jutep no se caracteriza por ser blanda en su observación del desempeño de los funcionarios públicos. Con seguridad, el análisis de la Jutep no llegará este año, sino que habrá que esperar algunos meses, ya del 2018. Muy difícilmente, las conclusiones de la Jutep puedan ser favorables a los intereses de aquellos que vociferan que “no va a pasar nada”. Como dice el dicho popular, “la Justicia tarda pero…”
Para hacer memoria, les invito a mirar viejas ediciones del programa “contrapunto”… En la sección “contrapunto” usted podrá encontrar el archivo de programas; es bueno recordar lo que denunciábamos hace tanto tiempo. Aquí les sugiero la edición del 25 de octubre de 2014, pues tiene directa relación con este temita de la Junta…
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