Hijos y entenados: En julio fúnebre de diputado Bacigalupe ya adeudaba dos cuotas del convenio millonario

La Junta Departamental viene trabajando desde hace varios meses en el incumplimiento de la empresa fúnebre perteneciente al diputado nacionalista Ruben Bacigalupe. Se formó una Comisión Investigadora para determinar si la empresa del diputado falerista recibió un trato preferencial y privilegiado sobre la abultada deuda que generó con la Intendencia. El tema tomó estado público por un artículo periodístico de Bruno Danzov, en el periódico Visión Ciudadana. Se desató el escándalo al publicarse la nota en octubre del 2017. Meses antes de ese momento, el edil frenteamplista Pablo García había recibido respuesta a un pedido de informes, de allí nace la información que Visión Ciudadana hizo publica en octubre pasado, hace casi un año atrás. Allí se confirmaba que en mayo del 2016 la empresa fúnebre de Bacigalupe había firmado una convenio por deuda con la Intendencia que en aquel entonces ya alcanzaba al millón y medio de pesos.

Para octubre de 2016 la Intendencia tenía un expediente rotulado “Situación de empresa fúnebre San José”, es decir la empresa del diputado Bacigalupe. En pocos meses ya se había incumplido el convenio firmado en mayo 2016 por la deuda que arrastraba. Bacigalupe volvía incumplir. Fue recién cuando la noticia se publica en octubre de 2017, que la Intendencia y la empresa del diputado aceleraron el proceso para regularizar la situación. Tras varios días de intensas gestiones, la fúnebre volvió a firmar un convenio de pago por un monto que superaba ampliamente los dos millones de pesos.

Toda esta desprolija gestión de la Intendencia por el incumplimiento del diputado, provocó la formación de una Comisión Investigadora en la Junta. Se advertía la permisividad de la Intendencia ante el ya contumaz incumplidor, todo fundamentado en la pertenencia de Bacigalupe al sector del Intendente Falero. La comisión comenzó a trabajar con la Integración de los ediles frenteamplistas Ana Gabriela Fernández y Pablo García, además de la edila de Alianza Nacional Susana Gasperi y los dirigentes faleristas Manuel Larrea y Juan Martín Alvarez. Este último edil ha tenido infinidad de actividades particulares junto a Bacigalupe principalmente en la actividad turfística.

El trabajo de la Investigadora no ha sido sencillo, pues como insumos básicos requerían información de la Intendencia. La información solicitada se demoró hasta provocar la denuncia pública por obstaculizar la investigación. También el área de trabajo se amplió a todas las empresas fúnebres y en determinado momento ya habían concurrido todos los responsables de las empresas, menos el propio diputado. La tarea demandó también la convocatoria de funcionarios jerárquicos de la Intendencia para brindar explicaciones. En una de esas instancias concurrió uno de los responsables de Hacienda, el contador Gerardo Gadea. Esa comparecencia fue sobre fines del pasado mes de julio ( el día 19 para ser exactos). Allí Gadea confirmó a los ediles que Bacigalupe ya acumulaba una atraso de pago de dos meses, faltando pocos días para acumular un atraso de tres meses. En sj.uy no se pudo confirmar si a la fecha actual se haya regularizado este nuevo atraso. El convenio que la empresa de Bacigalupe firmó en octubre de 2017, pocos días después de desatarse el escándalo. El nuevo convenio determinaba que Bacigalupe debía pagar una entrega inicial de 220.000 pesos y se le financiaba en 32 cuotas de unos 60.000 pesos mensuales, según trascendió en aquel momento. Pero en el proceso de investigación de la Junta han surgido innumerables “cosas raras” en el relacionamiento de esta empresa con la Intendencia, que han dejado al descubierto ciertos privilegios en el proceso de control de deuda y hasta en el relacionamiento empresarial del diputado con el Ejecutivo.

Hay varios y variados aspectos en este caso que dejan al descubierto, por lo menos una serie de irregularidades en el relacionamiento entre la empresa del diputado Bacigalupe y la Intendencia. Hay uno de esos aspectos que es crucial y que la intendencia, por boca del mismísimo Intendente Falero, en complicidad con Bacigalupe, han pretendido desviar. La deuda millonaria se constituye por la falta de pago de la “Tasa de Cementerios” que la funeraria cobra por cada sepelio y debe depositar a la Intendencia de inmediato. En el caso de esta voluminosa cifra de dinero, la empresa de Bacigalupe no es un contribuyente que dejó de pagar un impuesto, sino que la empresa de Bacigalupe es un agente de retención. Bacigalupe, durante años, ha cobrado esa tasa a las familias dolientes, pero no la ha entregado a la Intendencia. Tanto Falero como Bacigalupe han pretendido disfrazar esta apropiación indebida, como una simple deuda de tributos. Ya ese es un problemón gravísimo. Pero además, se han detectado varias irregularidades.

Unas de las más graves es que en determinado momento, la empresa fúnebre de Bacigalupe cobraba los servicios de traslado ordenados por la Intendencia con una triangulación de la facturación. El servicio lo realizaba presuntamente la empresa de Bacigalupe, y lo pagaba la Intendencia pero lo facturaba una empresa de transporte. Después, según se dijo en el seno de la Investigadora, la Intendencia volvía a recibir ese dinero como forma de pago por la deuda de Bacigalupe. Un procedimiento absolutamente irregular. Pero mientras estas información se manejaba en forma reservada en la Investigadora, públicamente se conocían reacciones de la Intendencia que confirmaban estas irregularidades. Con este caso de la “empresa de transporte” que realizaba los servicios fúnebres de Bacigalupe, hace dos meses el periódico Primera hora publicó: “ISJ dejó de contratar traslados de difuntos a empresa del Dip. Bacigalupe”. En esa nota se informaba que la empresa de Bacigalupe, no contaba con el “Registro Único de Proveedores del Estado (Rupe)” requisito imprescindible para poder facturar a cualquier ambiente estatal. Pero además en esa misma nota el propio Bacigalupe admite el desvío de la facturación y del servicio de traslado hacia una empresa de su familia que en realidad no está habilitada para tal tarea fúnebre. En ese artículo periodístico se publicó: “El diputado señaló que hace un tiempo decidió ceder esa tarea a otra firma a cargo de un sobrino. Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que la ISJ no aceptó que se derivaran los traslados, incluso ya se habían presentado boletas de la otra firma”.

Hay varias irregularidades más que se han constatado en la Comisión Investigadora. Pero por fuera de los ámbitos oficiales, sj.uy pudo saber que la empresa de Bacigalupe está llevando una obra de remodelación en sus salas velatorias de calle Vidal a media cuadra de Oribe. Según se supo se estaría preparando todo para retomar el funcionamiento es ese lugar en el próximo mes. Como ya hemos adelantado en otras oportunidades, el “Caso Bacigalupe” es una cantera inagotable de irregularidades. Esperemos que la Comisión Investigadora, logre ponerle el cascabel al gato.