En reserva ediles vienen buscando mecanismos truchos para llevarse $30.000 por mes

La actividad política y sus actores – sean simples dirigentes barriales o encumbrados legisladores o gobernantes – tiene actualmente, el tristísimo “privilegio” de gozar de una muy baja credibilidad entre la población. Esa muy fuerte desconfianza en los discursos y acciones, ha llegado a puntos históricos, tras un largo proceso de desgaste y falta de mensajes contundentes para corregirlo. Todos los partidos tienen responsabilidad en ello. Además de la falta de claridad en los actos de gobierno – entiéndase que “gobierno” comprende a todos los actores sean de oficialismo u oposición –en los constantes “palos en la rueda” que se cruzan a iniciativas de unos y otros, hay un factor que incrementa el descreimiento de la gente. La raíz de todo esto es la notoria ineficacia en lograr evolución o solución en problemas de la población, sea mediante acciones concretas de gobierno, en la legislación necesaria para desarrollarse en todas las áreas, y hasta en el trabajo de una oposición seria que controle el accionar estatal y procure efectivamente su corrección. Todo es un gran circo, de discursos y gestos, que muy rara vez logra un impacto positivo en procura de crecer.

Los temas económicos son recurrentes, eternamente presentes, se habla de los impuestos, de costosas irregularidades, del déficit estatal, del desplifarro, de la canasta básica, del salario mínimo, del costo de vida, etc, etc. Pero, en ese cruce discursivo permanente, la población espera y espera por señales claras que demuestren la verdadera intención en solucionar los temas económicos. La población espera que la clase política, predique con el ejemplo. Por ejemplo, en la actualidad un diputado percibe, por distintos conceptos, unos $ 365.000 mensuales (según cifras de 2013). El problema no es que ellos ganen tal cantidad; el problema es que hay miles de uruguayos que deben vivir con $15.000. La magnitud de esta diferencia es lo que determina el problema. Pero además hay una cuestión de efectividad o rendimiento para cada ambiente. La clase política no conforma a la población en el desempeño de su labor, pero sin embargo nada interrumpe el flujo de sus suculentos sueldos y privilegios. Un trabajador, necesariamente debe cumplir a cabalidad y correctamente su labor, para cobrar $15.000; si no lo hace correctamente probablemente cobrará menos o nada. Entonces la diferencia no es solo en la cantidad de dinero, sino en la exigencia que se requiere para cobrarlo. Ya en este punto la situación es pornográfica. Pero la clase política, actores de todos los partidos no aprenden. Y los parlamentarios, son un mal ejemplo para el resto de las clase política. Una consecuencia directa de esa conveniente desidia por observar los gastos que representan los legisladores, es lo que ocurre a nivel departamental, con los ediles. Estos legisladores departamentales son honorarios por mandato constitucional. Pero flagrantemente han inventado mecanismos para tener sueldos encubiertos y defecarse en la Constitución.

En particular el caso de San José, tiene ribetes no solo históricos sino también de orden nacional. El más vergonzoso de los inventos para burlar la Constitución y meterse en el bolsillo dineros públicos, se produjo en San José. La idea surgió en la década de los 90 y tuvo como impulsores al ex edil Alexis Bonahon, el por ahora edil y en breve Secretario General de la Junta, Andres Pintaluba y el desaparecido edil colorado Vicente Mallada. Estos tres ediles – en aquel entonces – gestionaron y armaron lo que hoy conocemos como “Retribución de Gastos de Combustible”, mediante la firma de una Declaración Jurada. Los 3 figuran en la documentación de la época haciendo la gestión en distintos niveles. Desde aquellos tiempos, cada mes, cada edil firma una Declaración Jurada, donde “jura” (valga la redundancia) que recorrió una determinada cantidad de kilómetros dentro del departamento en ese mes y que gastó una determinada cantidad de combustible. Lo curioso, y ya no sospechoso, sino a todas luces falso, es que todos los ediles recorrieron exactamente la misma cantidad de kilómetros y gastaron exactamente la misma cantidad de combustible. Algo que probabilísticamente es imposible. Es decir todos los meses, todos los ediles firman una Declaración Jurada falsa, cuyo único objetivo es obtener ilegalmente dinero público. Resulta tonto señalar que eso es un delito, o varios al mismo tiempo. Tras la firma de esa Declaración Jurada trucha, cada edil recibe un cheque por el monto correspondiente, aunque en estos tiempos de bancarización, reciben el depósito en su cuenta personal. No hay vales de nafta, no hay boletas que justifiquen el gasto de combustible, lo único que hay es un papel fotocopiado que “Jura” haber recorrido miles de kilómetros dentro del departamento.

Durante muchos años esa Declaración Jurada decía que cada edil había recorrido 1.500 kilómetros dentro de San José, y que había gastado 300 litros de nafta super. Es el equivalente de consumo de una tanqueta militar, cinco kilómetros por litro. Pero los tiempos cambiaron y la desvergonzada ambición también. Actualmente los ediles firman una Declaración Jurada que habla de haber recorrido 2.000 kilómetros y gastar 500 litros de nafta super. Es decir la Declaración Jurada de los ediles contradice la magnífica evolución que ha tenido la eficiencia energética; ahora gastan un litro de nafta super cada cuatro kilómetros, ya no es una tanqueta, es un tanque de guerra. Algunas precisiones importantes: A) los ediles siempre cobraron por nafta super, cuando durante muchos años la enorme mayoría delos vehículos funcionaba con gasoil, que era muchísimo más barato que la nafta. B) el detalle de la supuesta recorrida “dentro del departamento” es porque también cobraban aparte el supuesto combustible gastado al salir de San José. C ) Algunos ediles ni siquiera tenían vehículos, pero inventaron que un edil podría disponer del auto de otra persona, por lo que en la Declaración Jurada no se hace referencia a identificación del vehículo. Todos podían cobrara el dinero, sin problemas.

Pero para aterrizar este relato en la actualidad, sj.uy pudo confirmar que ediles de distintos partidos en la Junta Departamental vienen impulsando una nueva modificación a este sistema vergonzante para hacerse de dinero. Se debe aclarar que esa “modificación” busca aumentar la cantidad de dinero que perciben ilegalmente. Así como lo lee, quieren agarrar más plata. Ya se ha discutido en la Comisión de Presupuesto y se preparan para realizar una sesión extraordinaria – entre gallos y medianoche – para aprobar el aumento de este sueldo encubierto. Actualmente cada edil recibe por concepto de esa “Retribución de Gastos de Combustible” un monto mensual de $ 22.950, a eso se debe sumar $ 2.000 que supuestamente es para comprar publicaciones que llaman “diarios”, también se les cubre hasta $ 2.000 mensuales por gasto en sus celulares. Total mensual, por estos tres conceptos $ 26.950. Para cobrar el dinero por “diarios”, deben presentar facturas. Ese sería otro tema a analizar, pero no ahora. Otros beneficios serían la exoneración en la Patente y el pase libre en el transporte que algunos utilizan para viajar a sus trabajos todos los días. Pero dejemos de lado estos últimos privilegios mencionados. Cada mes, cada edil se llevaría $ 24.950, si dejamos fuera los $2.000 de gasto de teléfono, pues si un mes gastan solo 1.500, la Junta le cubre esos 1.500, entonces no lo contemos. Pero resulta que en los últimos tiempos se ha venido discutiendo entre los ediles la “necesidad” de aumentar el dinero que reciben. La idea, genera diferencias tanto entre ediles blancos como entre frenteamplistas. Algunos rechazan el aumento y otros lo defienden a capa y espada.

Según pudo saber sj.uy en estos últimos días se han realizado tensas reuniones de la Comisión de Presupuesto y viene ganando terreno la iniciativa de aumentar el dinero mediante algunos mecanismos. Solo se buscaría aumentar el concepto “combustible”. No importa como pero varios ediles (tanto del PN como del FA) quieren percibir por encima de los $ 30.000 mensuales. En lo que coinciden todos, es que la iniciativa de aumentarse su ya ilegítimo salario debe mantenerse en reserva, lejos de la consideración pública. Algunos proponen realizar una sesión extraordinaria, sin anunciarla, que de forma reservada permita aprobar este incremento de beneficio para los ediles. Las opciones que se manejan son bien sencillas. Por un lado aumentar en 50 kilómetros la mentirosa distancia recorrida cada mes; es decir pasar de 500 kilómetros a 550. Es solo agregar un “5” en la reglamentación actual, y la otra modificación sería cambiar la palabra “super”, por “Premium”. En total esto llevaría el concepto de “Retribución de Gastos de Combustible” a $ 26.180 de los $22.950 actuales. Algunos inclusive para evitar la crítica social, han propuesto cambiar el sistema de “sueldo encubierto” y han hablado de pasar a “gastos de secretaría”, es decir tener una partida, que presuntamente sería para pagar secretarios y gastos de funcionamiento, pero que en realidad su destino sería directamente el bolsillo de los ediles. Hay que reconocer que a algunos ediles le da vergüenza tener este cobro irregular, pero prefieren mantenerse callados pues recibirían los reproches de aquellos que si quieren gozar y aumenta estos privilegios. Estaría formidable que aquellos periodistas que cubren el circo mediático de la Junta, estuvieran atentos a este tipo de cosas, que en definitiva dejan en evidencia la calidad de quienes nos gobiernan.

No importa lo que reciben ediles de otros departamentos, por idénticos o similares mecanismos, todos irregulares. No importa que en algunos departamentos se lleven más plata. Me preocupa San José, en otros departamentos que se encarguen los periodistas y pobladores de cada lugar. Resignarse a que en Canelones o Maldonado cobran más dinero, sería admitir que lo importante es el tamaño de la estafa y no la estafa en sí. Se debe encontrar una solución definitiva para todo el país. Y no hace falta crear nada, solamente cumplir las leyes. En el caso de los ediles, se trata de empezar a respetar las leyes y la Constitución. Me preocupa San José, y espero que con las denuncias periodísticas, la vergüenza de unos poquitos ediles y los reclamos de la población, se logre frenar este abuso. Que se comience a trabajar seriamente y dentro de la legalidad. Lamentablemente la solución llegará con vergüenza. Porque además de esta truchada de sueldos encubiertos, el nivel de debate es bajísimo y ha quedado demostrado que no hay proyectos, ni ideas, ni siquiera controlan lo que deben. Tampoco debemos caer en la falsa oposición de decir que esto ocurre porque los ediles no tienen sueldo. Ya al postularse saben que no tienen sueldo. También es falaz el argumento de que sin estos sueldos encubiertos, solo estarían como ediles personas de situaciones económicas acomodadas.