“El lujo de la miseria”: Edificios abandonados mientras se despilfarra en alquileres

Habría que proponer una nueva ley, similar a la que procura proteger a los animales y garantizar una sana convivencia social. Pero en este caso no se trataría de preservar la calidad de vida, sino asegurar que el Estado se exija a sí mismo, lo que reclama de la población. La ley podría llamarse “Tenencia Responsables de propiedades”. En estos últimos años se han escuchado ideas que procuran poner fin a la existencia de propiedades privadas en estado de abandono, que perfectamente podrían tener diversas utilidades para la comunidad. También es común, que cada poco tiempo se lancen campañas intimando a los vecinos para que reparen sus veredas. Ese Estado vigilante y atento a las responsabilidades de los ciudadanos, no es igual de estricto con sus propias realidades. En definitiva, el Estado es un muy mal ejemplo para la sociedad. “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago” debería lucir a la entrada de cada organismo público. En San José tenemos varios ejemplos de esa desidia estatal con sus propios bienes. Hace pocas horas se supo que la propiedad que en algún momento albergó a la Oficina de Registro en calle Colón, será vendida, en vez de destinarla a cobijar centro de estudios como se viene reclamando desde hace un año. Cerrada y abandonada desde hace, por lo menos una década, el Estado se había olvidado de ella, pero solo bastó que se plantearan inquietudes con darle utilidad, para que el todopoderoso Estado decidiera venderla. El “perro del hortelano” hizo sentir fuerte su ladrido. Ese edificio es propiedad del Ministerio de Educación y Cultura. Ese mismo ministerio que no puede dar respuesta contundente a la necesidad de ampliar la capacidad locativa de centros de estudios o brindar espacios propios a nuevas áreas de estudio y formación. Ahora quiere vender esa casona, y no es la primera vez que lo intenta. Hace algunos años pretendió venderla en 100.000 dólares, pero nadie la compró; su situación de agudo deterioro lo impidió. Allí funcionó la Oficina de Registro, que se mudó a una propiedad privada, por la que paga alquiler. Pero no solo la Oficina de Registro alquila su sede a un particular, también lo hacen otras dependencias públicas en la ciudad de San José. Las oficinas del Ministerio de Trabajo, alquila un local en una planta alta en la intersección de Sarandí y Batlle. La filial local del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) también alquila en la esquina de Ituzaingó y Vidal. El Ministerio de Desarrollo comparte con los Centros Mec, el local de calle 25 de Mayo, que por supuestos, también es alquilado. El Ministerio Publicó, conocido como “Fiscalía”, también alquila en calle Batlle a media cuadra de la plaza 33. La Dirección General de Impositiva, arrienda la amplia esquina de calle 33 y Vidal. La UTE arrendó una casona en calle 25 de Mayo, cerca del Correo y hay rumores de que pretende alquilar una reciclada propiedad frente a la plaza céntrica. Estos son solo, algunos de los ejemplos que fácilmente se detectaron en la ciudad de San José. Los alquileres de estos siete inmuebles que el Estado usa, oscilan entre los 1.500 y los 4.000 dólares mensuales. Solo con estos ejemplos se puede estimar que el Estado paga alquileres por unos 15.000 dólares mensuales, aproximadamente. Unos 180.000 dólares al año por alquilar locales, que en la mayoría de los casos no tienen las condiciones mínimas de accesibilidad o capacidad para desarrollar correctamente las tareas. Pero mientras que en un período de gobierno se destina casi un millón de dólares en pagar alquileres por siete inmuebles, el Estado se da el lujo de tener varias propiedades en abandono, que perfectamente podrían ser usadas para albergar diversas oficinas públicas. ¿Ejemplos?… la propia casa del ex Registro en calle Colón, el edificio que perteneció a la Cárcel, el gigantesco Hospital Viejo, la hermosa estructura con torreón en calle 25 de Mayo junto a las oficinas del BPS que hace años albergó al Liceo. Edificios estatales vacíos y abandonados. Pero este doble despilfarro, por tener propiedades abandonadas y al mismo tiempo pagar alquileres, no son las únicas muestras del descontrol. Un ejemplo más, es el edificio de calle Colón que pertenece al BPS y que hace años le fuera entregado a un conjunto de carnaval para desarrollar su proyecto cultural. Ese local, especialmente construido para albergar oficinas, ha devenido en local de ensayos de laureadas humoradas. Viendo el panorama completo, parece que el mejor chiste, la mejor humorada, es la forma en que el Estado administra los dineros públicos y los bienes inmuebles. El chiste se agiganta cuando este despilfarro se contrapone con la creación e incremento de impuestos, o se advierten de necesarios ajustes y recortes para seguir sosteniendo un Estado que está muy lejos de ser eficiente y responsable. Esta absoluta falta de sentido común para optimizar los recursos estatales, explican en buena parte el desequilibrio deficitario de un Estado que gasta más de lo que puede, pero exige a la población que siga agregando agujeros a su cinturón. La ciudadanía cautiva asume sus responsabilidades, sacudiéndose de impotencia; mientras el Estado se sacude feliz al ritmo de “siga el baile, siga el baile”… Todos juntos, sufriendo y gozando, el “lujo de la miseria”