Lamentablemente el país viene, desde hace algunos años, inmerso en fuertes debates y discusiones desde el ambiente político en general, que ya no circula por carriles de ideas y proyectos, sino por denuncias de corrupción. Paulatinamente los casos de corrupción, en sus diferentes grados, han ido acaparando el debate político, hasta llegar a este punto donde un sonido monocorde, se refiere a casos de irregularidades que involucran a actores políticos de primera línea. Lo bueno de esta triste situación es que a la luz de las barrabasadas cometidas, la opinión pública exige transparencia y castigo a los infractores. Parece que la sana moralidad de la población, presiona a la clase política, hasta llevarla a los límites que nunca quisieron tocar. Fue “la gente” – así , en un concepto masivo – la que se cansó de los discursetes politiqueros que apañan actos de corrupción. La población se cansó de eufemismos para tapar delitos o graves faltas éticas. “No robó, se olvidó de devolver”; “No mintió, se equivocó”. La credibilidad de la clase política está en el CTI y ahora sus gestos apuntan a ser más estrictos en la observación de aspectos éticos. Todo un triunfo de la población en su explícito hartazgo por chanchullos y acomodos.
Otra cosa buena, si es que se puede calificar así, es que la vergüenza por irregularidades de dirigentes ha ido golpeando a los principales partidos. En el partido de gobierno han sufrido desde el caso Bengoa en Casinos, pasando por Alfredo Silva en ASSE , llegando al histórico escándalo de Sendic. Como “la alegría va por barrios” y “nadie está libre”, en las últimas semanas, le ha tocado al Partido Nacional. Un diputado alcoholizado provocó una grave accidente de tránsito y un Intendente vendía combustible de su Estación de Servicios a la propia intendencia que gobierna. El primer caso, fue el diputado Wilson Ezquerra de Tacuarembó; el segundo el Intendente Agustín Bascou de Soriano. Ahora se suma San José y para no ser menos, involucra al Intendente y al diputado. El escandaloso caso maragato, explota justo cuando la interna del Partido Nacional se retorcía por diferencias entre sus principales figuras nacionales por los casos de Ezquerra y Bascou. Estos dos dirigentes son del Alianza Nacional y fueron declaraciones de Luis Lacalle Pou (líder del otro sector nacionalista “Todos”)las que dieron una nueva dimensión a la ética. La expresión popular de “no escupir hacia arriba”, se confirma una vez más. El caso maragato, tiene como protagonistas al Intendente José Luis Falero y al diputado Ruben Bacigalupe, ambos del sector de Lacalle Pou. El escupitajo le cayó en plena cara a líder de “Todos”.
Bacigalupe, propietario de una empresa fúnebre, acumuló una deuda superior a los dos millones de pesos al no entregar a la Intendencia el dinero de “Tasa de Cementerios” . Hace más de un año firmó un convenio de pago, que incumplió rápidamente pese a las condiciones muy flexibles que había logrado. La empresa debió ser sancionada hace un año, impidiéndole trabajar . Sin embargo la administración que dirige Falero, hizo la vista gorda y fue abiertamente permisiva con la empresa de Bacigalupe, mientras exigía a otras empresas del rubro el cumplimiento estricto de los pagos. Recién se buscó regularizar la solución, con otro convenio de dudosa legalidad, cuando el caso se conoció públicamente. Toda una situación legalmente cuestionable y éticamente reprobable. La pregunta que se impone es ¿qué dirá al respecto Lacalle Pou, líder de Falero y Bacigalupe”. ¿Verá con buenos ojos, como hizo en el caso Ezquerra, que Bacigalupe se ponga a disposición de la Justicia apartándose de los fueros? ¿Sostendrá que Falero de un paso al costado, como opinó en el caso Bascou?… ¿o quizá esperará a que se forme una Comisión Investigadora en la Junta o promueva el pasaje de ambos al Comité de Ética del Partido Nacional?… El cuco de la ética sobrevuela en todos lados y ahora “el Cuquito” como se le conoce a Lacalle Pou, enfrenta el dilema de qué hacer con estos dos dirigentes… veremos qué tan alta y firme colocó Lacalle Pou la vara ética.
Para los trasnochados del ambiente político local, que pretendan restarle gravedad a esta situación, hay que remarcarles la aberrante injusticia que representa el privilegio de deber dos millones de pesos y seguir tan campante. Tampoco es válido minimizar esta situación de incumplimiento del diputado, al decir que no se le puede criticar por tener una deuda. Lo que ocurre es que ese dinero fue aportado por familias dolientes, seguramente con mucho sacrificio, para que Bacigalupe la entregara inmediatamente a la Intendencia, no para que la jineteara a su antojo. Es un caso grave, muy grave que de extinguirse sin consecuencias, solo confirmará la veracidad de que “hay hijos y entenados”… Esto no se arregla firmando un nuevo convenio de pago. El único convenio válido para volver a firmar, es el relativo a la confianza de la población en una administración seria, justa y transparente… ¿dónde hay que firmar?
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